La huelga, un derecho de y para los ciudadanos

Author: José Ricardo

Artículo publicado en Nuevatribuna

Mucho se está debatiendo estos días sobre el derecho de huelga a propósito de la que están llevando a cabo los trabajadores del Metro madrileño, así como de la huelga general que hemos convocado UGT y CC OO, los sindicatos mayoritarios, para el 29 de septiembre, en coincidencia con las movilizaciones que para ese mismo día ha anunciado igualmente la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Aunque lo primero que hay que decir es que no es tanto un debate lo que se está produciendo, sino más bien una fortísima campaña propagandística en contra de los derechos de los trabajadores, del mundo laboral en su conjunto y del movimiento sindical. No por casualidad, claro está, todos los recortes sociales y laborales que está imponiendo el Gobierno, así como la reforma laboral aprobada por decreto, reciben un generalizado apoyo mediático, incluso de grupos contrarios al Ejecutivo desde posicionamientos conservadores, y si acaso se critican esas medidas es en el sentido de considerarlas suaves, cortas e insuficientes para los grandes y más duros recortes que, según ellos, habría que adoptar.

En definitiva, se trata de que sean únicamente los trabajadores y trabajadoras los que paguen todas las consecuencias de la crisis desatada por los mismos especuladores ultraliberales que hoy han puesto de rodillas a los Gobiernos europeos, incluido el nuestro, a los que ahora exigen que continúen en esta línea reduciendo los derechos laborales y sociales, empeorando las condiciones de vida de la clase trabajadora y, como consecuencia de todo ello, socavando los propios principios democráticos y de ciudadanía sobre los que se han construido las modernas Constituciones y legislaciones europeas y el modelo de los Estados de Bienestar, que es la gran conquista colectiva del tiempo contemporáneo y, en el caso de nuestro país, de los últimos treinta años.

Pues bien, cuando los trabajadores para hacer frente a este cúmulo de recortes sociales, que no tienen la más mínima justificación ni económica ni productiva, y que lo que representan en realidad son agresiones puras y duras, deciden ejercitar el derecho constitucional a la huelga, se inicia una nueva campaña de ataques intentando poner en cuestión este derecho, su ejercicio y su misma existencia, aunque a veces quieran camuflar esas intenciones con manipuladas apelaciones a “la gravedad de la situación que vivimos” o a “los perjuicios que causa su utilización al resto de los trabajadores y ciudadanos”.

Y es cierto que la situación es grave, pero por distintos motivos a los que se nos está contando. Es grave porque las medidas que se imponen, supuestamente para salir de la crisis, lo que van a hacer es aumentarla y, al mismo tiempo, desproteger cada vez más a quienes la sufren, que es el verdadero objetivo de los que están tomando estas medidas.

Y justamente las huelgas se hacen para impedir que los trabajadores, que los ciudadanos, aumenten sus niveles de desprotección y vean recortados sus derechos laborales, sociales y salariales. Y también es verdad que en un momento puntual otros trabajadores pueden sufrir eventualmente determinadas molestias por alguna de las huelgas convocadas. Pero sólo haría falta recordar que, a su vez, esos trabajadores que hoy pueden padecer algún tipo de molestia como, por ejemplo, los usuarios de un servicio como el Metro madrileño, son titulares también de esos mismos derechos laborales, como el de huelga, que también habrán ejercido en sus respectivos puestos de trabajo en uno u otro momento, o que a lo mejor lo tienen que hacer cualquier día del inmediato futuro.

Se trata, por consiguiente, de un derecho ciudadano, de un derecho de y para los ciudadanos, cuyo ejercicio a todos incumbe y, también, a todos beneficia de alguna manera, incluso a los que algún día se pueden ver afectados porque otros trabajadores hagan huelga. Su limitación, como pretenden algunos, sería un atentado constitucional que rebajaría nuestra condición, tan duramente conquistada, de ciudadanos.

Los que ahora se llenan la boca apelando al cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por el organismo correspondiente deberían saber el abuso empresarial y administrativo con que habitualmente se fijan dichos servicios supuestamente mínimos, un abuso que muchas veces bien puede ser calificado de “salvaje”.

No hay más que recordar que, con ocasión de la última huelga general del 20 de junio de 2002, la Comunidad de Madrid fijó unos servicios mínimos abusivamente “salvajes” que fueron recurridos ante la autoridad judicial por los sindicatos convocantes. La resolución judicial finalmente, meses después, nos dio la razón declarando dichos servicios mínimos totalmente ilegales, pero claro, cuando ya no tenía aplicación práctica posible. Y así, aquel 20 de junio de hace ocho años, los trabajadores madrileños tuvimos que sufrir aquel abuso de la implantación, ilegal e injusta, de unos servicios mínimos “salvajes” que tanto perjudicaron el ejercicio de un derecho que nos corresponde como ciudadanos de un país democrático. Ojo, pues, a la utilización de determinados e injustos calificativos que se suelen usar en una sola dirección y a conveniencia del altavoz mediático correspondiente.

El próximo 29 de septiembre, secundando la huelga general y movilizándonos en contra de que nos rebajen nuestros derechos y nuestras condiciones de vida y de futuro, haremos un ejercicio de ciudadanía. Seremos más ciudadanos.

Tags: Huelga

This entry was posted on Miércoles, Julio 14th, 2010 at 09:48 and is filed under Opinión. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.