Porque engaño es lo que hay cuando un Gobierno como el de la Comunidad de Madrid presenta el presupuesto para 2011 como “el más social de la historia”, siendo la realidad que se reduce el gasto del área social, en términos absolutos, en 404 millones, un 2,78 por ciento menos que en el ejercicio de 2010.

Es inaceptable, por tanto, que la excusa de la crisis se esté utilizando, por unos y otros Gobiernos, para hacer una serie de recortes sociales que sólo pueden conducir, de un modo u otro, a un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Pero, en ocasiones, hay medidas que traspasan todos los límites no ya de los recortes en sí, sino de la lógica más elemental y del sentido común. Porque, ¿qué efecto positivo puede tener sobre la crisis una modificación en la distribución del horario de los trabajadores de la enseñanza, como se pretende en Madrid?

En realidad, estamos ante un grave error político que pretende enmascarar un radical recorte en Educación, presentándolo como un problema laboral, terreno al que pretenden llevarlo la Presidenta de nuestra Comunidad y su Consejera de Educación. Porque primero destacan (con falsedad) supuestos privilegios de los trabajadores en conflicto, después intentan desprestigiarlos (”ser profesor es duro, pero más duro es el paro”, ha dicho Lucia Figar), para terminar con el lema habitual, también falso, de Aguirre cuando se afirma que las movilizaciones del sector educativo “son las de los sindicatos defendiendo a los liberados”. Con estas respuestas se intenta, engañando, distraer la atención social de los recortes que se llevan a cabo gracias al acompañamiento mediático que se hace eco de esas tácticas que cabría calificar de fraudulentas.

Los trabajadores de la enseñanza trabajan 37,5 horas semanales, que se distribuyen en lectivas (18 horas) y complementarias (19,5), por lo que modificar esta distribución trasvasando 2 horas de las complementarias a las lectivas, lo único que pretende es prescindir de más de 3.000 docentes interinos, es decir, destruir más de 3.000 puestos de trabajo..

Sin embargo, trasvasar esas 2 horas de la actividad complementaria a la lectiva y, en consecuencia, prescindir de los mencionados 3.000 puestos de trabajo, es evidente que tendrá un impacto negativo sobre la calidad del conjunto del sistema, porque quita muchas miles de horas a la necesaria preparación de las clases, desdobles, atención a la diversidad, prácticas en talleres y laboratorios, apoyos a los alumnos en el aprendizaje, tutorías, entrevistas con los padres, etc. Es decir, quitamos tiempo a la parte del trabajo educativo que puede aportar mayor valor añadido a cada hora de clase y a todo el proceso educativo o, dicho de otro modo, a la calidad promedio del sistema, porque precisamente aumentar la actividad lectiva requiere más necesidad en horas de preparación.

Estos argumentos serían suficientes para retirar las instrucciones correspondientes al curso escolar 2011-2012, y para buscar el equilibrio presupuestario implementando políticas que mejoren los ingresos sin recortar derechos sociales, por ejemplo el derecho a la educación.

Por otro lado, considerar la Educación como un bien de consumo más que puede ser recortado, en lugar de considerarlo como lo que es, una inversión de futuro, supone perder éste tanto en progreso social, igualdad de oportunidades y libertad,  como perderlo también en progreso económico, además de empobrecer a toda la sociedad en conocimientos y capacidades. Es justamente en un contexto de crisis como el actual cuando hay que apostar más que nunca por la Educación como estrategia imprescindible para salir bien de ella.

Hay que tener en cuenta, además, que estos recortes se producen en una Comunidad, la de Madrid, situada en último lugar en gasto educativo, un 2,8 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto), cuando la media en España está ligeramente por encima del 5 por ciento, siendo la penúltima en gasto por alumno, con 6.003 euros anuales frente a los 10.388 euros del País Vasco, o los 6.567 de promedio en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

La rectificación urgente de las instrucciones para el curso escolar 2011-2012, y la apertura inmediata de un proceso de diálogo y negociación con los sindicatos, serían las únicas decisiones que tranquilizarían a la sociedad madrileña y podrían sacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid del error, del descomunal error, de querer ser ejemplo haciendo recortes sociales.

Artículo publicado en Madridiario.

En absoluto se necesita esta reforma como base jurídica para limitar la utilización del déficit público como instrumento de política presupuestaria. La ley española de estabilidad presupuestaria de 2006 y el Pacto de Estabilidad Europeo ya lo hacen de forma más que suficientes. Por cierto, este último establece el techo del déficit público en el 3% del PIB y no en el 0,4% que se quiere imponer. En vez de abordar el problema de raíz, consensuando la creación de una auténtica autoridad política que favorezca el gobierno económico, se está dando alas a los sectores más desreguladores y desigualitarios del espectro social.

Pero UGT no sólo se opone a esta reforma de la Constitución porque introduce criterios que en el futuro permitirán el desmantelamiento del Estado de Bienestar, sacrificando el carácter público de la sanidad o la educación con la excusa del cumplimiento del déficit, mientras se despilfarran recursos en gastos superfluos. UGT también se opone porque el procedimiento seguido, que ha hurtado las negociaciones necesarias para alcanzar el consenso entre todas las fuerzas políticas y todos los actores sociales, pone en peligro el modelo constitucional. Por ello, los convocantes decimos así no y esto no.

Por todas estas razones, animo a todos los madrileños y madrileñas a participar activamente mañana en la manifestación que a las siete de la tarde arrancará de Cibeles con destino a Sol. Es imprescindible que frenemos esta reforma. De nosotros depende el futuro de las generaciones venideras.

El objetivo es hacer reflexionar a los responsables políticos sobre las consecuencias de la destrucción del modelo social, introducir un elemento de cordura frente a la aplicación en todos los países de la UE de medidas de recorte salidas de un catecismo político que se está revelando ya inútil para superar la crisis. Nuestro objetivo también es dejar claro que todo crecimiento económico levantado sobre la exclusión social es antidemocrático. En la Comunidad de Madrid ya estamos sufriendo los efectos de la desregulación y la privatización. Cientos de miles de personas acabarán el año sin trabajo, sin prestación, sin subsidio.

UGT tiene una responsabilidad histórica con estos cambios que amenazan a las personas. Por eso, el día 22 se oirá nuestra voz.

La Reforma Laboral, que el Gobierno propuso después de que fracasara el Diálogo Social, se ha revelado particularmente inútil para hacer frente al grave problema del desempleo que padece tanto el país como la Comunidad de Madrid. La creación de puestos de trabajo continúa siendo débil, cuando no un deseo, los colectivos más castigados hace un año, como los jóvenes, aún lo siguen siendo, y todas las críticas lanzadas por UGT, que alertaban de un aumento de la precarización del mercado de trabajo, son hoy una realidad fehaciente. El Congreso de los Diputados debe escuchar las objeciones sindicales y apostar por el empleo estable y con derechos.

En mitad de esta crisis económica que se va prolongando en el tiempo, y cuyas devastadoras consecuencias sociales siguen dibujando el paisaje de nuestra realidad más inmediata, hemos llegado al final de la legislatura autonómica 2007-2011, que en la Comunidad de Madrid se alcanza con más de medio millón de personas sin empleo, en concreto 522.100 trabajadoras y trabajadores madrileños en paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2011.

Ahora, estos días, en plena campaña electoral, es, o debería ser, tiempo para debatir y analizar sobre hechos como éste, tan graves, que son los que de verdad preocupan a los ciudadanos de esta región. Porque no existe un problema mayor, ni que condicione tanto la vida de las personas, como el de estar sin trabajo, el de perderlo o no encontrarlo, o el de permanecer en el desempleo por tiempo indefinido.

El deterioro de los servicios públicos en Madrid, sobre todo con las políticas privatizadoras de la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, que son los pilares que constituyen el Estado de Bienestar, es otra de las cuestiones que ha marcado muy negativamente toda la legislatura y que tiene que estar en el centro de la discusión política y ciudadana en cualquier circunstancia y, más aún, en este tiempo electoral tan decisivo.

Se acaba también la legislatura después de unos ejercicios presupuestarios de continuados recortes sociales a los que se ha sumado, en la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011, el desmantelamiento de todas las entidades y órganos consultivos donde se plasmaba la participación de la sociedad madrileña en los diversos ámbitos institucionales de nuestra región.

La Ley de Dependencia sigue teniendo una lenta, retrasada y errática aplicación en la Comunidad de Madrid cuando lleva ya a cuatro años y medio en vigor en el conjunto de España.

De todas estas cosas es de lo que hay que hablar en la campaña electoral, del modelo de sociedad al que conduce este pensamiento neoliberal y privatizador que se aplica en Madrid y que es el que dio origen a todas las convulsiones financieras, económicas y sociales que nos han instalado en una crisis de la que no vamos a salir con las mismas recetas que la originaron.

Lo que está en juego, por tanto, con la continuidad de estas políticas en el futuro inmediato, es la propia existencia de un Estado de Bienestar algo maltrecho ya en el ámbito autonómico madrileño. Los intentos de precarización del carácter público de los servicios esenciales de la Comunidad nos hacen ver la importancia de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los comicios del próximo 22 de mayo.

Es mucho lo que está en juego, y por eso desde UGT-Madrid queremos que los trabajadores y trabajadoras de esta región conozcan bien las causas verdaderas de los problemas que les afectan y a, muchos de ellos, cada vez más, les angustian, con la amenaza o la realidad de quedarse sin trabajo, de tener menos prestaciones sociales, peores servicios fundamentales, como los ya mencionados de la Educación y la Sanidad, o de correr el riesgo, creciente, de llegar a padecer o ser sujetos de exclusión social y ciudadana.

A la creación de una Área Única de Salud, que tantos problemas está causando a los pacientes y usuarios de la región, se unen ahora los anuncios de la implantación igualmente de una Área Única Educativa madrileña que va a potenciar la segregación de alumnos y quebrar los principios de igualdad que deben regir en cualquier sistema educativo digno de este nombre, y en el más amplio, abarcador e integrador sentido de la palabra Educación.

Que se pretenda privatizar el Canal de Isabel II, es decir, el abastecimiento de agua a los madrileños, es otro paso más en contra de los derechos ciudadanos de una población que debe ser consciente de la importancia de todo lo que está en juego en estos momentos en nuestra Comunidad.

Desde UGT-Madrid animamos a los madrileños y madrileñas a que participen en el debate ciudadano, a que exijan a los representantes de las distintas opciones políticas que hablen de estos temas, que son los que preocupan a la inmensa mayoría de la gente, y a que les comprometan a ofrecer soluciones, en un sentido de progreso social, a todas las cuestiones planteadas.

Por todo ello hay que ir a votar en las próximas elecciones autonómicas y locales, la gravedad de los problemas así lo requiere. Y de la reflexión, de la participación y de la implicación del conjunto de las trabajadoras y trabajadores madrileños dependerá el rumbo que como sociedad tomemos en este tan cercano futuro que es ya presente comprometido en el que tenemos que actuar.

También publicado en NuevaTribuna

Las muertes por catástrofes naturales son siempre una noticia dolorosa, una señal de que, por mucho que intentemos controlar la naturaleza, es libre, y a veces actúa caprichosamente, con resultados fatales. 10.000 familias han sido despojadas de sus casas, 20.000 tienen miedo de regresar a las suyas, muchas han dormido a la intemperie, otras lamentan la pérdida de un ser querido. Por eso es necesario que las Administraciones Públicas, con independencia del nivel de gobierno y del ámbito territorial, se coordinen  para movilizar los recursos necesarios con rapidez y eficacia a fin de minimizar todo lo posible el daño infligido. La solidaridad en este momento es imprescindible. Mi sindicato, UGT-Madrid, quiere unirse al duelo y a la preocupación de las familias. Ojalá que ninguna localidad de España vuelva a sufrir nunca una tragedia como la que ayer vivió Lorca.

En otros países como Francia las movilizaciones están teniendo una continuidad periódica, también en contra de los recortes sociales decididos por su Gobierno, mientras que en Portugal el 24 de noviembre los trabajadores portugueses secundaron masivamente la primera huelga general que tenía lugar en ese país en los últimos veintidós años. Italia igualmente protesta con paros y manifestaciones por los recortes del gasto, y en Grecia los ciudadanos han hecho ocho huelgas generales en un año ante las indecentes presiones antisociales que vienen sufriendo por parte de distintos organismos internacionales. En Gran Bretaña, los estudiantes y los jóvenes tomando las calles de Londres han iniciado unas movilizaciones que van a adquirir un carácter general que exprese la indignación creciente de los trabajadores y ciudadanos británicos.

El 15 de diciembre el conjunto de los trabajadores europeos se manifiestan ante un estado de cosas en el que se pretende que la salida a la crisis actual la paguen únicamente los que nada tienen que ver con sus orígenes, es decir, los propios trabajadores, la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea (UE).

Este conjunto de acciones, esta fuerza rebelde que se levanta contra lo que está ocurriendo en nuestros países, algo quiere decir sobre cuál es el estado de ánimo frente a una situación, se dice, de gravísima crisis, pero ante la que sólo se aplican las viejas recetas de siempre del capitalismo ultraliberal, recetas ya fracasadas, responsables de los problemas actuales y, lo que es peor, las que, además, aseguran la repetición en el futuro de nuevas crisis y, eso sí, la continuada ganancia de los indecentes especuladores  financieros que, mientras se despoja a la gente de sus derechos y se rebajan sus condiciones laborales y de vida, ellos aumentan un día sí y otro también sus fraudulentas ganancias riéndose de los gobernantes de unos países, los europeos, que se rinden ante ellos sin siquiera molestarse en torcer el gesto, sino, de añadidura, obedeciendo las ordenes que filtran a través de sus terminales mediáticas.

Exigíamos el 29 de septiembre una rectificación en toda regla del Gobierno español en la reforma laboral que había aprobado, así como que diese marcha atrás en los anuncios que venía realizando acerca de modificaciones sustanciales en la edad y en las condiciones de jubilación y en el sistema público de pensiones. Estas eran las reclamaciones por las que millones de trabajadores secundaron el paro general en este país y también, claro está, en nuestra Comunidad de Madrid.

Pues bien, esta es la fecha en que, a pesar de nuestras constantes apelaciones a ese cambio de rumbo, el Ejecutivo central no sólo no rectifica, sino que amenaza incluso con imponer igualmente las medidas referidas a la jubilación y a las pensiones como muy tarde para finales del inmediato mes de enero, y haya o no acuerdo dentro del llamado Pacto de Toledo o con los interlocutores sociales.

Y ha hecho otros anuncios de recorte del gasto público —por ejemplo la eliminación de la ayuda de 426 euros a los trabajadores en paro que hayan agotado todas sus prestaciones— en la misma y errada dirección adoptada unilateralmente desde el giro social dado a partir del mes de mayo pasado.

Puestos de esta manera ante una tesitura de empecinamiento gubernamental en el mismo estado de cosas creado por estas medidas, y ante la  imposibilidad de llevar a cabo un diálogo en el que no se van a poder cambiar esos posicionamientos tan perjudiciales para los ciudadanos ni la  aplicación de esas políticas y decisiones anunciadas, los trabajadores no tenemos otra alternativa que seguir en una continuada movilización que exprese, alto y claro, nuestro rechazo a estas posturas y nuestra negativa radical a las mismas.

Porque hay otras formas de combatir la crisis y de reducir razonablemente los déficit presupuestarios sin tener que aplicar estas tan injustas como fracasadas recetas del neoliberalismo al que hoy todos los Gobiernos se pliegan vergonzantemente. Por eso nos vamos a volver a manifestar el sábado 18 de diciembre, a las 12 de la mañana, de Neptuno a Sol, para “recuperar derechos” y “defender el Estado social”.

Pero es que, además, en la Comunidad de Madrid estamos sufriendo otros ataques añadidos, por parte del Ejecutivo regional, que ahondando en estas derivas antisociales, las está agravando en lo que supone un verdadero desmantelamiento de toda la arquitectura democrática y participativa de la sociedad madrileña.

Así, la eliminación de 19 empresas públicas y 83 organismos administrativos de nuestra región aprobada en la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales para 2011, así como la modificación unilateral de convenios colectivos y de otros acuerdos sobre los que se sustentaba la estabilidad institucional de la Comunidad, son, de añadidura, un intento de acabar con la letra y el espíritu nada menos que de la propia Constitución española, la Carta Magna cuya supuesta defensa tanto les ha llenado la boca a los actuales representantes de la Administración regional en los últimos años cuando a otros temas se referían.

Por todo ello, desde UGT-Madrid seguimos diciendo No, y animando a los trabajadores y trabajadoras de nuestra región a que salgan a la calle, de momento el próximo 18 de este mes de diciembre, a expresar cívica pero enérgicamente el rechazo a una situación en que se acumulan las injusticias, y que nos exige defendernos y defender nuestros derechos que tanto nos costó conquistar.

Una reforma laboral que impide el cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, que no reducirá la dualidad en el mercado de trabajo ni combatirá la temporalidad. Tan sólo abarata y facilita el despido e introduce la contratación temporal en sectores altamente peligrosos, con el riesgo profesional que supone para las personas, precisamente en un país que está a la cabeza de la Unión Europea en número de accidentes laborales. Con la actual redacción el contrato indefinido ordinario prácticamente desaparece. Las contratas y subcontratas pueden seguir utilizando los contratos de obra o servicio para atender su actividad, sin necesidad de contar con plantillas estables.  El descuelgue salarial podrá ser la norma. No se evita el encadenamiento de contratos con distintos trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo.

Todas estas palancas de la contrarreforma que pretende aprobarse no contribuirán a resolver los graves problemas que aquejan a la economía y al mercado de trabajo, y mucho menos a la realidad regional, que ya lleva sufriendo desde hace años los efectos de una política liberalizadora que agudiza las diferencias sociales. Madrid se convertirá en un nuevo laboratorio de experimentación thatcheriano. Por eso quieren derogar la normativa laboral para utilizar el artículo 1.255 del Código Civil como régimen regulador general de los contratos de trabajo.

Los sindicatos hemos hecho lo que teníamos que hacer durante los dos años más duros de la crisis: garantizar una política social que amortiguara los efectos destructivos sobre los trabajadores. Pero la capitulación de los gobiernos ante los mercados financieros, ejemplificada en España durante la comparecencia del Presidente del Gobierno el pasado 12 de mayo, ha cambiado radicalmente el escenario político, social y económico. Ahora, al Plan de Ajuste se suma la reforma unilateral del mercado de trabajo y el debate sobre la ruptura del Pacto de Toledo, que puede acabar con el sistema de pensiones que hoy por hoy conocemos, medidas de corte ultraliberal que afectan al núcleo central del Estado de Bienestar y pretenden justificarse acudiendo al manido argumento de la eficacia económica. La política monetaria y los mercados financieros han secuestrado la soberanía de los Gobiernos, con el respaldo unánime de los partidos conservadores mayoritarios en la UE.

Por eso los sindicatos estamos obligados a actuar. La aplicación en los términos actuales del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC) comportará un coste social sin precedentes y retrasará aún más la recuperación económica, como reconocen sus propios impulsores. Estamos obligados a actuar porque la UE es algo más que un mercado y una moneda. Porque los mercados financieros que han causado la crisis no pueden imponer condiciones para la recuperación pasando por encima de las trabajadoras y los trabajadores, que son las víctimas de su insensatez y su codicia. Estamos obligados a actuar porque está en juego la ciudadanía social. Sin un modelo que garantice la redistribución de la riqueza no hay democracia. Por eso con esta huelga nos jugamos mucho: la calidad del sistema democrático. Su misma permanencia.

Pero lo peor de todo es que estas medidas son únicamente un primer paso dentro de un proceso en el que el propio Gobierno ya está amenazando con nuevos recortes y, sobre todo, con una reforma del sistema público de pensiones que tan negativamente puede afectar al conjunto de la sociedad española.

Frente a esta secuencia de medidas, de las que hasta ahora sólo hemos visto el comienzo, nos tenemos que movilizar, porque sólo con una protesta masiva y generalizada podremos parar esta deriva antisocial que está poniendo en un muy grave peligro los logros sociales que tanto trabajo ha costado conquistar a lo largo de mucho años de lucha, esfuerzos y sacrificios.

No puede ser, por tanto, que todo ese bagaje haya sido en vano y perdamos los derechos conquistados y adquiridos. En este sentido revisten especial gravedad las distintas medidas tomadas o anunciadas en relación con las pensiones y con las condiciones de jubilación, por cuanto se refieren a la situación de las personas en esos momentos tan importantes de la existencia en que acceder a una jubilación adecuada y tener una pensión digna deben ser la justa consecuencia al trabajo desarrollado y a lo aportado al esfuerzo colectivo de la sociedad a lo largo de toda la vida.

Por eso, la congelación de las pensiones contributivas en 2011 es profundamente injusta, porque más de seis millones de pensionistas van a dejar de percibir unas cantidades a las que tienen derecho y cuya pérdida les va a hacer disminuir su poder adquisitivo. De hecho, congelar las pensiones es reducirlas. Por ello y porque con esta congelación se incumple el Acuerdo de Pensiones de 2006, vamos a la huelga general el 29 de septiembre.

Por otra parte, el anuncio hecho por el Ejecutivo de reformar el sistema público de pensiones en el sentido de ampliar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como de aumentar el periodo de cálculo de las pensiones desde los quince últimos años cotizados hasta los veinte o veinticinco, representa una amenaza de tal gravedad que va a afectar, de aprobarse —y para impedir que se apruebe hacemos también la huelga general del próximo 29 de septiembre—, a todas las personas que vayan a jubilarse a partir de ahora. Nada digamos si se lleva adelante lo que propone la Comisión Europea, que pretende llevar la edad de jubilación hasta los setenta años.

Pero es que, además de estas (malas) intenciones del Gobierno, el empeoramiento de algunas de las condiciones para jubilarse, ya aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2010, de mayo pasado, dibujan un panorama de crecientes dificultades para poder disfrutar de los derechos adquiridos en el transcurso de nuestra vida laboral.

El aumento de los requisitos para el cálculo del periodo mínimo de cotización necesario para jubilarse ejemplifica muy bien los crecientes obstáculos que ya se han establecido para alcanzar una merecida y justa jubilación. Si antes del citado Decreto era necesario para acceder a la pensión mínima de jubilación haber cotizado 5.008 días, ahora se precisa ya una cotización de 5.475 días.

A esto hay que añadir igualmente las mayores exigencias establecidas para la jubilación parcial, lo que perjudica a la vez a las personas mayores, que ahora tienen que esperar un año más, de los 60 a los 61, para poder acogerse a este tipo de jubilación, y a los jóvenes que ven, de alguna manera, restringidas en parte las posibilidades de encontrar empleo a través de los contratos de relevo.

Por consiguiente, la defensa del sistema público de pensiones y unas condiciones dignas de jubilación, son también motivos para secundar la huelga general del 29 de septiembre con la que hay que parar al Gobierno en el errático y antisocial giro que ha dado a sus políticas.