Estamos en el siglo XXI y aún tenemos que lamentar que casi un centenar de personas pierdan la vida anualmente, sólo en nuestra comunidad, por motivos de trabajo, y que casi otros 500 trabajadores hayan visto su vida gravemente afectada por haber sufrido accidentes graves originados por su actividad laboral.

Es cierto que las cifras de siniestralidad han descendido de manera global, en una época en la que la actividad laboral se ha reducido notablemente, sobre todo en las actividades en las que se producen más accidentes y de mayor gravedad, en la construcción y en la industria, pero es inadmisible que en la Comunidad de Madrid durante el año 2011, aproximadamente cada cuatro días haya fallecido un trabajador y que cada día, cuatro trabajadores hayan sufrido un accidente grave y se hayan producido 254 accidentes leves a diario.

La crisis nos está obligando a aceptar los escasos trabajos que se nos ofrecen sin que podamos exigir la protección que la ley nos proporciona, sacrificamos nuestra seguridad y nuestra salud por acceder a un trabajo que pone en peligro nuestra vida. Nos tratan como sospechosos y por eso los empresarios quieren controlarnos rigurosamente. Y nos encontramos aún más desprotegidos con la Reforma Laboral que se está tramitando en estos momentos, una Reforma inhumana que no tiene en cuenta a las personas, que sólo tiene en cuenta a los mercados.

Una Reforma que permite modificar las condiciones de trabajo de manera unilateral y que nos deja aún más desprotegidos al restringir los convenios colectivos, dejando que los empresarios puedan incumplir los acuerdos a los que ha llegado con los representantes de los trabajadores.

Nos han limitado nuestra mejor herramienta para mejorar las condiciones de trabajo, quedando desamparados y con los recursos reducidos para conseguir mejorar la ley que debería proteger nuestra seguridad y nuestra salud y que en muchos casos, la experiencia nos dice que se incumple.

Este incumplimiento y las modificaciones que se plantean con la Reforma Laboral, generan presiones que se traducen en riesgos psicosociales y que nos afectan en gran medida, provocan ansiedad, estrés, imposibilitan conciliar la vida familiar y laboral, dando lugar a enfermedades del alma, haciendo que nuestra vida esté en riesgo en los centros de trabajo.

Precariedad laboral, reducciones drásticas de plantilla, perder derechos laborales, estar en situaciones de baja laboral, condiciones con requerimientos físicos y psíquicos cada vez más elevados, son algunos de los “miedos” más frecuentes de los trabajadores y las trabajadoras y que se originan en estos “ambientes tóxicos”.

Esto repercutirá en la propia empresa, reflejándose en la calidad del trabajo y de los productos que se quieran poner en el mercado, reduciendo la competitividad y siendo cada vez más difícil de mantener la empresa activa. Pero también da lugar a una sociedad enferma, porque estos problemas se trasladan a nuestro ambiente familiar y social.

Si esta situación no es gestionada adecuadamente por la empresa, ofreciendo un entorno de seguridad a sus empleados, permitiendo el sano desempeño de su trabajo, implantando medidas de seguridad y salud necesarias, dando información y formación y sobre todo, valorando los recursos humanos de su organización, cada vez existirán más empleados desmotivados, tristes y con grandes dificultades de concentración.

En una situación en la que las enfermedades profesionales no se declaran, donde los accidentes leves no se registran y donde los graves se enmascaran entre los leves, el miedo puede suponer una menor declaración de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, ofreciendo un panorama de la situación actual de la prevención que no se corresponde con la realidad.

Pero hay alternativas, para eso está el sindicato y los delegados de prevención, para ofrecer apoyo a los trabajadores, para buscar soluciones y conseguir trabajos más seguros, porque está demostrado que donde hay representación sindical, las empresas son más seguras.

La Administración debe esforzarse más y perseguir incansablemente a los empresarios incumplidores que ponen en peligro la vida de las personas que están trabajando, únicamente con el objetivo de lucrarse.

Son muchas familias destrozadas por la pérdida de un ser querido. Son muchas víctimas. Y tenemos la obligación de evitar este sufrimiento a tantas personas, porque tenemos la posibilidad y para ello, ofrecemos los medios que tenemos para intentar eliminar los riesgos a los que nos exponemos como trabajadores y trabajadoras todos los días.

Los accidentes laborales se pueden evitar.

Att.:  Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados

Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Senado

Madrid, 26 de marzo de 2012

Estimado/a Señor/a:

Ante el Real Decreto 3/2012 de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, convalidado el pasado día 8 de marzo en el Congreso de los Diputados y que será tramitado como proyecto de ley, sin diálogo ni negociación con los interlocutores sociales, las Confederaciones sindicales de UGT y CCOO  han decidido convocar una huelga general para el día 29 de marzo de 2012 y mantener la presión social hasta que el Gobierno rectifique y abra una negociación para abordar la situación que aquí denunciamos. Consideramos que se trata de una Reforma Laboral injusta, ineficaz e inútil, enmarcada en un ataque sin precedentes al Estado de Bienestar y a los servicios públicos, que va a provocar más recesión y paro. Una Reforma Laboral que supone un retroceso social y democrático, que pone en riesgo el modelo de convivencia y que junto al escenario de recortes sociales generalizados, asesta un duro golpe a los pilares del Estado Social.

Rechazamos los contenidos de la reforma de la legislación laboral y demás medidas impuestas por el Gobierno mediante el Real Decreto, pues socavan los cimientos del ordenamiento laboral hasta hacerlo irreconocible, contribuirán a la destrucción de más empleo en nuestro país y tiene consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sobre las instituciones colectivas del trabajo.

Al mismo tiempo, rechazamos las políticas presupuestarias restrictivas, que están llevando de manera progresiva al desmantelamiento de los sistemas de protección y cohesión social. El control del déficit público a toda costa, además de repercutir negativamente en la actividad económica y en el empleo con carácter general, ponen en riesgo la prestación de servicios públicos de calidad, que amortiguan unas desigualdades sociales cada vez más profundas, y destruye empleo público al tiempo que deteriora las condiciones del trabajo existente.

Además, para una mayor explicación de los motivos que nos llevan al rechazo de la Reforma les adjuntamos los siguientes manifiestos:

1. 1. Declaración del  Consejo Confederal de CCOO y del Comité Confederal de UGT.

1. 2. Declaración Sindical Unitaria, en representación del 90% de los delegados y delegadas en Madrid, de acuerdo con los resultados de las elecciones sindicales.

1. 3. Declaración de las Organizaciones Sociales madrileñas en apoyó a la Huelga General, con 994 Organizaciones que apoyan.

Por las razones expuestas, pedimos a los diputados de todos los grupos parlamentarios que han obtenido representación por la circunscripción electoral de Madrid, que no voten favorablemente y manifiesten su rechazo a esta Reforma Laboral, exigiendo su retirada por injusta, ineficaz e inútil, porque existen otras alternativas y exigiendo asimismo que se abra una negociación para abordar la situación aquí denunciada.

Para cualquier aclaración o medida relacionada con lo solicitado en esta carta quedamos a su disposición.

Ya hemos registrado la convocatoria de Huelga para el 29 de Marzo en el Ministerio de Empleo junto a los compañeros de CCOO. Esta Huelga General debe ser un éxito para poder luchar contra esta Reforma Laboral que sólo va a traer más paro y más precariedad a los trabajadores.

Porque engaño es lo que hay cuando un Gobierno como el de la Comunidad de Madrid presenta el presupuesto para 2011 como “el más social de la historia”, siendo la realidad que se reduce el gasto del área social, en términos absolutos, en 404 millones, un 2,78 por ciento menos que en el ejercicio de 2010.

Es inaceptable, por tanto, que la excusa de la crisis se esté utilizando, por unos y otros Gobiernos, para hacer una serie de recortes sociales que sólo pueden conducir, de un modo u otro, a un progresivo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Pero, en ocasiones, hay medidas que traspasan todos los límites no ya de los recortes en sí, sino de la lógica más elemental y del sentido común. Porque, ¿qué efecto positivo puede tener sobre la crisis una modificación en la distribución del horario de los trabajadores de la enseñanza, como se pretende en Madrid?

En realidad, estamos ante un grave error político que pretende enmascarar un radical recorte en Educación, presentándolo como un problema laboral, terreno al que pretenden llevarlo la Presidenta de nuestra Comunidad y su Consejera de Educación. Porque primero destacan (con falsedad) supuestos privilegios de los trabajadores en conflicto, después intentan desprestigiarlos (”ser profesor es duro, pero más duro es el paro”, ha dicho Lucia Figar), para terminar con el lema habitual, también falso, de Aguirre cuando se afirma que las movilizaciones del sector educativo “son las de los sindicatos defendiendo a los liberados”. Con estas respuestas se intenta, engañando, distraer la atención social de los recortes que se llevan a cabo gracias al acompañamiento mediático que se hace eco de esas tácticas que cabría calificar de fraudulentas.

Los trabajadores de la enseñanza trabajan 37,5 horas semanales, que se distribuyen en lectivas (18 horas) y complementarias (19,5), por lo que modificar esta distribución trasvasando 2 horas de las complementarias a las lectivas, lo único que pretende es prescindir de más de 3.000 docentes interinos, es decir, destruir más de 3.000 puestos de trabajo..

Sin embargo, trasvasar esas 2 horas de la actividad complementaria a la lectiva y, en consecuencia, prescindir de los mencionados 3.000 puestos de trabajo, es evidente que tendrá un impacto negativo sobre la calidad del conjunto del sistema, porque quita muchas miles de horas a la necesaria preparación de las clases, desdobles, atención a la diversidad, prácticas en talleres y laboratorios, apoyos a los alumnos en el aprendizaje, tutorías, entrevistas con los padres, etc. Es decir, quitamos tiempo a la parte del trabajo educativo que puede aportar mayor valor añadido a cada hora de clase y a todo el proceso educativo o, dicho de otro modo, a la calidad promedio del sistema, porque precisamente aumentar la actividad lectiva requiere más necesidad en horas de preparación.

Estos argumentos serían suficientes para retirar las instrucciones correspondientes al curso escolar 2011-2012, y para buscar el equilibrio presupuestario implementando políticas que mejoren los ingresos sin recortar derechos sociales, por ejemplo el derecho a la educación.

Por otro lado, considerar la Educación como un bien de consumo más que puede ser recortado, en lugar de considerarlo como lo que es, una inversión de futuro, supone perder éste tanto en progreso social, igualdad de oportunidades y libertad,  como perderlo también en progreso económico, además de empobrecer a toda la sociedad en conocimientos y capacidades. Es justamente en un contexto de crisis como el actual cuando hay que apostar más que nunca por la Educación como estrategia imprescindible para salir bien de ella.

Hay que tener en cuenta, además, que estos recortes se producen en una Comunidad, la de Madrid, situada en último lugar en gasto educativo, un 2,8 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto), cuando la media en España está ligeramente por encima del 5 por ciento, siendo la penúltima en gasto por alumno, con 6.003 euros anuales frente a los 10.388 euros del País Vasco, o los 6.567 de promedio en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

La rectificación urgente de las instrucciones para el curso escolar 2011-2012, y la apertura inmediata de un proceso de diálogo y negociación con los sindicatos, serían las únicas decisiones que tranquilizarían a la sociedad madrileña y podrían sacar al Gobierno de la Comunidad de Madrid del error, del descomunal error, de querer ser ejemplo haciendo recortes sociales.

Artículo publicado en Madridiario.

En absoluto se necesita esta reforma como base jurídica para limitar la utilización del déficit público como instrumento de política presupuestaria. La ley española de estabilidad presupuestaria de 2006 y el Pacto de Estabilidad Europeo ya lo hacen de forma más que suficientes. Por cierto, este último establece el techo del déficit público en el 3% del PIB y no en el 0,4% que se quiere imponer. En vez de abordar el problema de raíz, consensuando la creación de una auténtica autoridad política que favorezca el gobierno económico, se está dando alas a los sectores más desreguladores y desigualitarios del espectro social.

Pero UGT no sólo se opone a esta reforma de la Constitución porque introduce criterios que en el futuro permitirán el desmantelamiento del Estado de Bienestar, sacrificando el carácter público de la sanidad o la educación con la excusa del cumplimiento del déficit, mientras se despilfarran recursos en gastos superfluos. UGT también se opone porque el procedimiento seguido, que ha hurtado las negociaciones necesarias para alcanzar el consenso entre todas las fuerzas políticas y todos los actores sociales, pone en peligro el modelo constitucional. Por ello, los convocantes decimos así no y esto no.

Por todas estas razones, animo a todos los madrileños y madrileñas a participar activamente mañana en la manifestación que a las siete de la tarde arrancará de Cibeles con destino a Sol. Es imprescindible que frenemos esta reforma. De nosotros depende el futuro de las generaciones venideras.

El objetivo es hacer reflexionar a los responsables políticos sobre las consecuencias de la destrucción del modelo social, introducir un elemento de cordura frente a la aplicación en todos los países de la UE de medidas de recorte salidas de un catecismo político que se está revelando ya inútil para superar la crisis. Nuestro objetivo también es dejar claro que todo crecimiento económico levantado sobre la exclusión social es antidemocrático. En la Comunidad de Madrid ya estamos sufriendo los efectos de la desregulación y la privatización. Cientos de miles de personas acabarán el año sin trabajo, sin prestación, sin subsidio.

UGT tiene una responsabilidad histórica con estos cambios que amenazan a las personas. Por eso, el día 22 se oirá nuestra voz.

La Reforma Laboral, que el Gobierno propuso después de que fracasara el Diálogo Social, se ha revelado particularmente inútil para hacer frente al grave problema del desempleo que padece tanto el país como la Comunidad de Madrid. La creación de puestos de trabajo continúa siendo débil, cuando no un deseo, los colectivos más castigados hace un año, como los jóvenes, aún lo siguen siendo, y todas las críticas lanzadas por UGT, que alertaban de un aumento de la precarización del mercado de trabajo, son hoy una realidad fehaciente. El Congreso de los Diputados debe escuchar las objeciones sindicales y apostar por el empleo estable y con derechos.

En mitad de esta crisis económica que se va prolongando en el tiempo, y cuyas devastadoras consecuencias sociales siguen dibujando el paisaje de nuestra realidad más inmediata, hemos llegado al final de la legislatura autonómica 2007-2011, que en la Comunidad de Madrid se alcanza con más de medio millón de personas sin empleo, en concreto 522.100 trabajadoras y trabajadores madrileños en paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2011.

Ahora, estos días, en plena campaña electoral, es, o debería ser, tiempo para debatir y analizar sobre hechos como éste, tan graves, que son los que de verdad preocupan a los ciudadanos de esta región. Porque no existe un problema mayor, ni que condicione tanto la vida de las personas, como el de estar sin trabajo, el de perderlo o no encontrarlo, o el de permanecer en el desempleo por tiempo indefinido.

El deterioro de los servicios públicos en Madrid, sobre todo con las políticas privatizadoras de la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, que son los pilares que constituyen el Estado de Bienestar, es otra de las cuestiones que ha marcado muy negativamente toda la legislatura y que tiene que estar en el centro de la discusión política y ciudadana en cualquier circunstancia y, más aún, en este tiempo electoral tan decisivo.

Se acaba también la legislatura después de unos ejercicios presupuestarios de continuados recortes sociales a los que se ha sumado, en la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011, el desmantelamiento de todas las entidades y órganos consultivos donde se plasmaba la participación de la sociedad madrileña en los diversos ámbitos institucionales de nuestra región.

La Ley de Dependencia sigue teniendo una lenta, retrasada y errática aplicación en la Comunidad de Madrid cuando lleva ya a cuatro años y medio en vigor en el conjunto de España.

De todas estas cosas es de lo que hay que hablar en la campaña electoral, del modelo de sociedad al que conduce este pensamiento neoliberal y privatizador que se aplica en Madrid y que es el que dio origen a todas las convulsiones financieras, económicas y sociales que nos han instalado en una crisis de la que no vamos a salir con las mismas recetas que la originaron.

Lo que está en juego, por tanto, con la continuidad de estas políticas en el futuro inmediato, es la propia existencia de un Estado de Bienestar algo maltrecho ya en el ámbito autonómico madrileño. Los intentos de precarización del carácter público de los servicios esenciales de la Comunidad nos hacen ver la importancia de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los comicios del próximo 22 de mayo.

Es mucho lo que está en juego, y por eso desde UGT-Madrid queremos que los trabajadores y trabajadoras de esta región conozcan bien las causas verdaderas de los problemas que les afectan y a, muchos de ellos, cada vez más, les angustian, con la amenaza o la realidad de quedarse sin trabajo, de tener menos prestaciones sociales, peores servicios fundamentales, como los ya mencionados de la Educación y la Sanidad, o de correr el riesgo, creciente, de llegar a padecer o ser sujetos de exclusión social y ciudadana.

A la creación de una Área Única de Salud, que tantos problemas está causando a los pacientes y usuarios de la región, se unen ahora los anuncios de la implantación igualmente de una Área Única Educativa madrileña que va a potenciar la segregación de alumnos y quebrar los principios de igualdad que deben regir en cualquier sistema educativo digno de este nombre, y en el más amplio, abarcador e integrador sentido de la palabra Educación.

Que se pretenda privatizar el Canal de Isabel II, es decir, el abastecimiento de agua a los madrileños, es otro paso más en contra de los derechos ciudadanos de una población que debe ser consciente de la importancia de todo lo que está en juego en estos momentos en nuestra Comunidad.

Desde UGT-Madrid animamos a los madrileños y madrileñas a que participen en el debate ciudadano, a que exijan a los representantes de las distintas opciones políticas que hablen de estos temas, que son los que preocupan a la inmensa mayoría de la gente, y a que les comprometan a ofrecer soluciones, en un sentido de progreso social, a todas las cuestiones planteadas.

Por todo ello hay que ir a votar en las próximas elecciones autonómicas y locales, la gravedad de los problemas así lo requiere. Y de la reflexión, de la participación y de la implicación del conjunto de las trabajadoras y trabajadores madrileños dependerá el rumbo que como sociedad tomemos en este tan cercano futuro que es ya presente comprometido en el que tenemos que actuar.

También publicado en NuevaTribuna

Las muertes por catástrofes naturales son siempre una noticia dolorosa, una señal de que, por mucho que intentemos controlar la naturaleza, es libre, y a veces actúa caprichosamente, con resultados fatales. 10.000 familias han sido despojadas de sus casas, 20.000 tienen miedo de regresar a las suyas, muchas han dormido a la intemperie, otras lamentan la pérdida de un ser querido. Por eso es necesario que las Administraciones Públicas, con independencia del nivel de gobierno y del ámbito territorial, se coordinen  para movilizar los recursos necesarios con rapidez y eficacia a fin de minimizar todo lo posible el daño infligido. La solidaridad en este momento es imprescindible. Mi sindicato, UGT-Madrid, quiere unirse al duelo y a la preocupación de las familias. Ojalá que ninguna localidad de España vuelva a sufrir nunca una tragedia como la que ayer vivió Lorca.